1. NECESIDADES DE LA IGLESIA. 

Art. 1.- La Iglesia de Cristo, además de ser una comunidad espiritual, está constituida y ordenada como una sociedad visible que necesita de recursos económicos para cumplir su misión de comunicar a los hombres los frutos de la salvación (cfr. LG 8; GS 76).

Art. 2.- La Iglesia tiene derecho a poseer bienes temporales para alcanzar sus propios fines,que son, entre otros: sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros y hacer las obras de apostolado y de caridad, sobre todo con los más necesitados (cfr. can. 1254 § 2).

Art. 3.- La Iglesia, animando el sentido de corresponsabilidad de los fieles, tiene derecho a solicitar de los mismos los bienes que necesita para sus propios fines, según el canon 1260: “La Iglesia tiene el derecho nativo de exigir de los fieles los bienes que necesita para sus propios fines”.

Art. 4.- Los fieles cristianos deben contemplar las necesidades de la Iglesia con una visión comunitaria y universal, procurando superar cualquier visión parcial o localista.

  1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS FIELES. 

Art. 5.- Conforme al canon 1261 § 1: “Los fieles tienen libertad para aportar bienes temporales en favor de la Iglesia”. Asimismo, todos los fieles están obligados a ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que ésta disponga de lo necesario para el cumplimiento de sus fines (cfr. can. 222 § 1).

Art. 6.- El Obispo diocesano acoge, como criterio orientador de la conciencia de los fieles y siguiendo las indicaciones de la Conferencia Episcopal Española, el principio según el cual la obligación que tienen los fieles de contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia, debiera concretarse, cuando ello sea posible, en la entrega anual de un porcentaje. Por lo que se refiere a la cantidad, podría señalarse un porcentaje que esté en relación con los ingresos brutos de cada uno, pudiendo ser (sólo a título orientativo) el 2%, o dejando este porcentaje a la libre decisión de cada uno, de tal manera que se manifieste mejor la corresponsabilidad y gratuidad en la comunicación de bienes. Esta aportación es moralmente “vinculante” para cuantos puedan hacerlo al servicio de la comunidad eclesial.

  1. FORMAS DE AYUDA.

Art. 7.- El modo ordinario de adquirir los bienes por parte de la Iglesia es a través de las oblaciones de sus propios fieles. Ha de entenderse por oblaciones la entrega de bienes que se ofrecen libremente a la Iglesia.

Art. 8.- Las formas concretas de ayudar a la Iglesia son las oblaciones voluntarias: donaciones, colectas, herencias, legados, las ofrendas hechas con motivo de alguna celebración y por algún otro servicio recibido de la Iglesia.

Art. 9.- Los fieles tienen libertad para aportar bienes temporales a la Iglesia (cfr. can. 1261 § 1). Esta aportación voluntaria se realiza mediante donaciones, limosnas, ofrendas, legados, cuotas, etc.

Art. 10.- Las oblaciones entregadas al administrador de cualquier entidad eclesiásticas o a cualquier agente de pastoral que actúa en la Iglesia, se presume hechas a la institución o persona jurídica en nombre de la que actúa, si no consta lo contrario, y no puede rechazarse sin causa justa y sin licencia del Ordinario. Las oblaciones hechas por los fieles para un fin determinado sólo pueden destinarse a ese fin (cfr. can. 1267).

Art. 11.- Las oblaciones que son entregadas por los fieles a petición de los ministros sagrados, a tenor de los cánones, se denominan colectas o cuestaciones.

Art. 12.- Las colectas pueden ser:

  1. Ordinarias o imperadas: Son aquellas cuyo importe está destinado a financiar los gastos de la parroquia, de la diócesis, o de los fines propios de las campañas nacionales o universales.
  2. Extraordinarias: Las que se hacen con el fin de solucionar una necesidad ocasional y transitoria, bien en el ámbito parroquial, diocesano o nacional o universal: obras, adquisición de bienes muebles o inmuebles, etc.

Art. 13.- Se necesita licencia escrita del Ordinario para hacer cuestaciones por persona privada tanto física como jurídica, ya se destine la limosna a beneficio de cualquier instituto piadoso o eclesiástico, sea a cualquier otro fin de índole religioso. Consecuentemente, las personas jurídicas públicas, como la parroquia, no necesitan de dicha licencia para realizar cuestaciones en el ámbito de su competencia (cfr. can. 1265, § 1 y 2).

CAPITULO II. INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA IGLESIA Y FORMACIÓN DE LOS FIELES EN EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y RESPONSABILIDAD EN EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA.

Art. 14.- Es un derecho fundamental de los fieles la información transparente de los recursos económicos gestionados por la Iglesia diocesana, delegaciones, parroquias, cofradías….y otras Instituciones. Es especialmente importante para ayudar de manera más eficaz a todos los miembros del Pueblo de Dios a crecer y madurar en la racionalidad, corresponsabilidad y solidaridad de la administración de los bienes temporales que la Iglesia posee para ofrecer un mejor servicio.

Art. 15.- Es necesario dar información, tan amplia como sea posible, de las acciones que la Iglesia realiza a favor de la sociedad y de su aportación no sólo a los valores religiosos, sino, también, a los valores éticos, culturales y sociales.

Art. 16.- Los fieles tienen derecho a conocer los recursos económicos administrados por todas las instituciones de la Iglesia: administración económica diocesana, parroquiales…, etc., así como la gestión a favor de la misión o fines de la misma Iglesia.

Art. 17.- Es de obligado cumplimiento que en toda parroquia exista el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, teniendo en cuenta los cánones 532 y 537. Estos consejos se regirán según el estatuto diocesano marco en vigor. La constitución en cada parroquia del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, su formal funcionamiento (cfr. can. 537) y la implicación de los seglares en la gestión de la economía de la Iglesia, favorece y orienta hacia una reestructuración de la economía diocesana más racionalizada, más corresponsable, más solidaria, y todo ello, en orden a dar pasos eficaces hacia el sostenimiento de la iglesia diocesana.

Art. 18.- Cuando una o más parroquias estén encomendadas a la vez solidariamente a varios sacerdotes, y aunque todos tengan igual jurisdicción sobre las mismas, el moderador de la cura pastoral, designado por el Obispo, ostenta la representación de todos los negocios jurídicos de las parroquias y responde de la administración económica ante el Obispo (cfr. can. 517 § 1 y can. 543 § 3).

Art. 19.- Se ha de establecer una acción pastoral permanente de cara a educar a los fieles sobre su responsabilidad de cooperar al sostenimiento económico de la Iglesia. Los católicos han de ser conscientes de: su pertenencia eclesial, que las actividades de la iglesia necesitan recursos económicos para realizarlas, que las aportaciones provenientes del Estado a cargo del IRPF son insuficientes y, en todo caso, que la financiación económica de la Iglesia corresponde directamente a la misma Iglesia en sus fieles.

CAPITULO III. CAMPAÑAS PARA EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA. 

Art. 20.- DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA: Celébrese esta jornada con la mayor preparación y cuidado garantizando siempre su dimensión pastoral y el sentido de pertenencia eclesial (cfr. Constitución Sinodal nº 134)

Art. 21.- La Administración Diocesana facilitará los materiales necesarios para la debida formación de los fieles y para la animación de la opinión pública en orden a la acción de la Iglesia en favor de toda la sociedad.

Art. 22.- En cada parroquia se debe orientar con esmero la celebración litúrgica de ese día, a fin de que el mensaje de la jornada llegue a toda la comunidad cristiana.

Art. 23.- Tanto en el ámbito diocesano como en el parroquial, la campaña debe ser amplia, austera y eficaz para que llegue a todas las personas y les ayude a conocer mejor la misión esencial de la Iglesia y les motive a colaborar con ella y a su sostenimiento económico. La colecta de esta jornada será imperada.

Art. 24.- CAMPAÑA DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA: Mientras se mantenga este sistema, se necesita intensificar la información a nuestros fieles invitándoles a participar en el sostenimiento económico de la Iglesia mediante su Declaración Anual de la Renta.

Art. 25.- La Administración Diocesana preparará cada año una campaña explícita, motivando a todos los católicos y a otras personas para que, valorando la acción de la Iglesia, colaboren de la forma que se establezca.

CAPÍTULO IV. SUSCRIPCIONES PERIÓDICAS A FAVOR DE LA IGLESIA.

Art. 26.- En todo el territorio diocesano se ha de implantar, progresivamente, la modalidad de la aportación económica al sostenimiento de la Iglesia mediante el sistema de “suscripciones periódicas” o “cuotas permanentes de suscriptores”, para que las familias católicas y personas de buena voluntad, ofrezcan un soporte presupuestario fijo que permita un cálculo estable en el presupuesto anual. Es una forma habitual de colaboración económica con la Iglesia, mediante una cantidad periódica fija, que puede hacerse efectiva de diversas maneras: personalmente, a través de una domiciliación en una entidad bancaria, a través de una persona encargada del cobro de suscripciones…, etc.

Art. 27.- La Administración Diocesana realizará cada año una campaña informativa de alcance diocesano para motivar a los fieles y a otras personas en orden a que suscriban esta cuota permanente a favor de la Iglesia católica. Por parte de las parroquias se debe acoger esta campaña e impulsarla en su propio ámbito con los auxilios didácticos que se faciliten.

Art. 28.- Teniendo en cuenta la voluntad del donante, las cuotas de los suscriptores tendrán carácter diocesano o parroquial. Si la suscripción se hace a favor de la Diócesis, su destino será el Fondo Común Diocesano; si se hace a favor de la parroquia, su destino será el Fondo parroquial. En uno u otro caso, las suscripciones deben figurar en el capítulo presupuestario de ingresos.

Art. 29.- Tanto por parte de los servicios diocesanos de economía como de las parroquias, ha de hacerse un seguimiento frecuente de los suscriptores parroquiales o diocesanos, teniéndolos puntualmente informados de las actividades diocesanas y parroquiales así como de cualquier proyecto que pueda justificar el uso de bienes económicos por parte de la Diócesis o de las parroquias. Una vez al año se les debe enviar una carta de agradecimiento por el apoyo económico que prestan a la Iglesia.

CAPITULO V. CANON DESTINADO AL FONDO COMÚN DIOCESANO. 

 

Art. 30.- Para garantizar y fomentar la colaboración de toda persona jurídica canónica al Fondo Común Diocesano, se establece una aportación anual a favor del referido Fondo conforme al canon 1263: “Para subvenir a las necesidades de la Diócesis, el Obispo diocesano tiene derecho a imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas sujetas a su jurisdicción, que sea proporcionado a sus ingresos, oído el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos y el Consejos Presbiteral”. Asimismo se pueden imponer tributos extraordinarios a otras personas físicas y jurídicas conforme el mismo canon.

Art. 31.- Todas las parroquias, como personas jurídicas públicas canónicas, y otros lugares de culto de ámbito diocesano, han de abonar al Fondo Común Diocesano el porcentaje que determina la siguiente tabla sobre el total del capítulo de ingresos anuales, según el balance de resultados económicos del año que termina.

0 – 1000 € 5%
1.000 € – 2.000 € 6%
2.000 € – 3.000 € 7%
3.000 € – 4.000€ 8%
4.000 € – 5.000 € 9%
5.000 € – 6.000 € 10%
6.000 € – 7.000 € 11%
7.000 € – 8.000 € 12%
8.000 € – 9.000 € 13%
9.000 € – 10.000 € 14%
10.000 € – 11.000 € 15%
11.000 € – 12.000 € 16%
12.000 € – 13.000 € 17%
13.000 € – 14.000 € 18%
14.000 € – 15.000 € 19%
16.000 € – 17.000 € 20%
18.000 € – 19.000 € 22%
20.000 € – 21.000 € 23%
21.000 € – 22.000 € 24%
22.000 € – 23.000€ 25%
23.000 € – 24.000 € 26%
24.000 € – 25.000 € 27%
25.000 € – 26.000 € 28%
26.000 € – 27.000 € 29%
27.000 € – 28.000 € 30%
28.000 € – 29.000 € 31%
29.000 € – 30.000 € 32%
30.000 € – 31.000 € 33%
31.000 € – 32.000 € 34%
32.000 € – 33.000 € 35%
33.000 € – 34.000 € 36%
34.000 € – 35.000 € 37%
35.000 € – … 38%

            Están exentas de este canon las siguientes partidas del balance de ingresos: el “superavit” de años anteriores, las subvenciones que, tanto del presupuesto diocesano como de otros organismos públicos o privados, se reciban para el fomento de obras parroquiales, construcción de templos, restauración y rehabilitación de casas parroquiales, la aportación al Fondo de Sustentación del Clero, así como los ingresos por todas las colectas imperadas que no estén destinadas a la parroquia.

Art. 32.- Corresponde al Consejo Diocesano de Asuntos Económicos el estudio de cualquier incidencia en relación con el artículo anterior.

Art. 33.- Otras realidades diocesanas de culto público: Asociaciones, Cofradías y Hermandades, Fundaciones, lugares de culto no sujetos, por cualquier título, a la administración parroquial, etc., han de asumir el compromiso de colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia mediante la aportación del canon correspondiente a la tabla reseñada en el artículo 31.

Asimismo, los lugares de culto no sujetos, por cualquier título, a la administración parroquial atendidos por los miembros de Institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólicas deben asumir su colaboración y corresponsabilidad con el sostenimiento económico de la Iglesia Diocesana, siendo esta colaboración no inferior al 10% sobre el total del capítulo de ingresos netos anuales.

Están exentas de este canon las Fundaciones y Asociaciones que tienen un fin exclusivamente caritativo-social.

Art. 34.- Quienes administran las personas jurídicas públicas están obligados a una total transparencia y veracidad en la gestión económica y en la declaración de datos financieros a la Administración Diocesana (cfr. can. 1282, 1284, 1287).

Art. 35.- La Administración Diocesana procederá anualmente a la revisión del plan contable de todas las instituciones así como del diario financiero de su gestión.

Art. 36.- Antes del 30 de diciembre de cada año, todas las parroquias y demás personas jurídicas públicas han de enviar a la Administración Diocesana el presupuesto de ingresos y gastos para el año siguiente para la correspondiente aprobación, reflejando en el capítulo de gastos “aportación comunidad diocesana” el porcentaje estimativo correspondiente de la aportación o canon al Fondo Común Diocesano (cfr. can. 1284 § 3). Las desviaciones en la ejecución del presupuesto necesitan el consentimiento del consejo de economía parroquial, y si superan los 3.000,00 euros, es preceptivo el consentimiento de por escrito del ecónomo diocesano.

Art. 37.– Todas las personas jurídicas públicas obligadas a abonar el canon, deben hacerlo efectivo al Fondo Común Diocesano antes del 31 de enero de cada año. Como norma orientadora se aconseja abonar una cantidad a cuenta en el mes de junio.

CAPITULO VI. ARANCELES Y ESTIPENDIOS. 

 

Art. 39.- De acuerdo con una venerable costumbre de la Iglesia, sigue siendo válida la ofrenda que los fieles hacen al sacerdote con motivo de la celebración y aplicación de la Eucaristía por una determinada intención. La referencia indicativa para la aportación de los fieles ha de ser la cantidad que establezca la provincia eclesiástica, tanto para las misas manuales, como para las “misas gregorianas”.

Art. 40.-

1º. Desde los orígenes y hasta nuestros días, la Iglesia ha contado con la ayuda de los fieles cristianos para el cumplimiento de sus fines espirituales. El pueblo cristiano siempre ha ofrecido su ayuda generosa y solidaria para las tareas litúrgicas, catequéticas, caritativas, sociales y misioneras de la Iglesia. De este modo los fieles sostienen las instituciones, obras de apostolado y servicios que la Iglesia lleva a cabo, así como mantienen su patrimonio y el sostenimiento de las personas que se dedican con plena atención a los trabajos de la Iglesia.

2º. Entre las diversas formas de ayuda económica a la Iglesia están las ofrendas que tradicionalmente hacen los fieles, algunas de ellas en contadas ocasiones de la vida, con motivo de las celebraciones litúrgicas y devocionales. Estas ofrendas tienen sentido de participación en el culto y son expresión de reconocimiento a Dios por los bienes que de El se reciben. Al mismo tiempo, también son un signo de solidaridad con las exigencias de funcionamiento derivadas de los servicios que se ocasionan.

3º. El canon 1264 § 2 establece que es competencia de la Provincia Eclesiástica “determinar las aportaciones que han de hacerse con ocasión de la administración de los sacramentos y sacramentales”.

Art. 41.- El Obispo Diocesano, con la aprobación de la Provincia Eclesiástica, fijará las cantidades más apropiadas para las aportaciones de los fieles en las ocasiones que se citan para nuestra Diócesis.

Art. 42.- En todo caso, se han de privilegiar las aportaciones voluntarias de los fieles con ocasión de las celebraciones de los sacramentos y sacramentales o por cualquier otro motivo, animándoles a la generosidad con la Iglesia, dando cada uno de buena gana y conforme a su posibilidad.

Asimismo, se ha de huir de toda apariencia de comercio o contraprestación económica con motivo de cualquier celebración sacramental, por lo que se hace muy necesario explicar bien el sentido de estas aportaciones, justificando su sentido y motivando una aportación libre y generosa.

Art. 43.-

1º. Las ofrendas recibidas en la parroquia con ocasión de los sacramentos o sacramentales, de celebraciones litúrgicas o devocionales, y las tasas por otros servicios, salvo lo que corresponde en su caso al estipendio de la misa, pasan a formar parte de los bienes de la parroquia, conforme al canon 531, de cuya administración habrá de darse cuenta e información, de conformidad con las normas diocesanas vigentes. Los sacerdotes deben percibir las retribuciones correspondientes según las Normas del Fondo para la sustentación del clero y Reglamento para la remuneración del clero diocesano (BOOT nn 1-2, Enero-Febrero 2001).

2º. Por razón de las diversas aportaciones económicas, no se podrá hacer diferencias en las celebraciones, y ninguno de los fieles quedará privado de servicios parroquiales, en igual forma que a todos, por su situación de pobreza (cfr. cans. 848 y 1181; S.C. n.32).

3º. Los Párrocos y rectores de iglesias, juntamente con el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos recordarán a los fieles la ayuda que la Iglesia necesita de ellos y dispondrán el modo de colaboración de los mismos.

Art. 44.- Sobre los estipendios recibidos por intenciones de misas los presbíteros han de atenerse a la actual legislación. Sobre las binaciones, es el Seminario Diocesano el beneficiario de estas aportaciones. Sobre las aportaciones por intenciones de misas llamadas “colectivas”, la Residencia Sacerdotal u otro fin sacerdotal que el Obispo diocesano determine será el beneficiario (cfr. D.G.C.E.E., 14-1-1978; Decreto sobre intenciones y estipendios de la Santa Misa, 2 Febrero 2003 (BOOT. n.1-3, 2003); Decreto sobre tasas parroquiales en la gestión de archivos y asuntos administrativos, ofrendas con ocasión de la celebración de los sacramentos y sacramentales, estipendio de la misa. 14 de diciembre 2006).

Art. 45.- La corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia, subvenir a las necesidades de la misma, requiere con urgencia renovar nuestra mentalidad, para hacer de nuestra comunidad diocesana una comunidad solidaria en las necesidades comunes. Por ello, con ocasión de la celebración de los sacramentos y otros servicios parroquiales, urge tomar clara conciencia del auxilio que, por este medio, se presta a toda la comunidad diocesana. Que nuestras aportaciones se realicen en la sencillez, el espíritu de colaboración y una gran corresponsabilidad.

CAPITULO VII. PATRIMONIO RENTABLE.   

Art. 46.- Salvando el principio evangélico de pobreza institucional y personal, la Iglesia puede tener patrimonio rentable para garantizar la continuidad de su misión, evitando que, de ningún modo, pueda existir cualquier asomo de atesoramiento o acumulación de riquezas.

Art. 47.- Es obligación grave administrar responsablemente el patrimonio mobiliario en orden a poder atender las múltiples necesidades económicas que exige, en todo momento, la misión de la Iglesia.

Art. 48.- Para obtener una mayor rentabilidad del patrimonio mobiliario de todas las instituciones de la Iglesia, se recomienda que todas las parroquias y otras personas jurídicas, participen en una cuenta recolectora de todo el capital pasivo existente, para que la Administración Diocesana gestione estos recursos comunes y obtenga un mayor rendimiento económico aplicando, a favor del Fondo Común Diocesano, el dos por ciento de este rendimiento y el resto a las instituciones correspondientes que han invertido patrimonio mobiliario en esta cuenta y que continuarán siendo su legítimo propietario.

Art. 49.- La gestión de los recursos económicos de la Iglesia en la administración de su patrimonio ha de ser jurídica y técnicamente correcta y por la misma razón ejemplar, observando siempre la legislación canónica y civil que afecte a propiedades urbanas y agrícolas.

Art. 50.- De acuerdo con las leyes civiles vigentes, y en el marco del acuerdo Iglesia-Estado, se debe favorecer la contribución de los Organismos Públicos para la restauración y conservación del Patrimonio Cultural de la Iglesia (patrimonio inmueble destinado a la acción pastoral y social, templos, casas parroquiales, etc. así como el patrimonio mueble) a fin de que en el tiempo presente y también en el futuro, los titulares de estos bienes sigan contando con ellos para el servicio del Evangelio. Se debe favorecer también el mecenazgo de empresas, fundaciones, entidades bancarias y de particulares para restaurar y mantener adecuadamente todo este patrimonio.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: Cualquier duda sobre la interpretación de esta Normativa debe ser sometida al juicio del Obispo Diocesano.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA: Se encomienda al Consejo Diocesano de Asuntos Económicos hacer un seguimiento, junto al Ecónomo Diocesano, de la correcta y puntual aplicación de esta Normativa.

San Cristóbal de La Laguna, a veintisiete de octubre de 2010.